No solo fue el célebre «oro de Moscú» –la enajenación de las reservas de oro y divisas del Banco de España durante la Guerra Civil en favor de la Unión Soviética para sufragar el material bélico de Stalin–. También miles de cajas que contenían el patrimonio bancario y artístico cultural incautado por el Gobierno provisional del País Vasco –6.498.000.000 pesetas– fueron evacuadas de Bilbao en barcos mercantes británicos con destino a Francia, Holanda y Gran Bretaña en 1937, antes de que la ciudad fuera tomada por las tropas franquistas el 19 de junio. Este patrimonio sería embargado por las autoridades de los tres países tras las denuncias internacionales interpuestas por entidades y particulares relacionados con las autoridades franquistas.
Se trata de unos hechos que ha recogido la Fundación Sabino Arana y que describe la tesis doctoral de Julen Lezamiz defendida en 2016 en el Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, acontecimientos también relatados por el historiador bilbaíno Carlos Olazábal. Y es que, aparte de la confiscación de las reservas metálicas del Banco de España, las autoridades republicanas procedieron de modo sistemático a la expropiación del dinero, divisas, valores y efectos de propiedad de personas afectas a la causa de los sublevados que existían en depósito y en paquetes lacrados en la banca privada.
En enero de este año, el especialista en Memoria Histórica Guillermo Rocafort solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática –por medio del Portal de Transparencia– información relativa a este episodio, y reclamó que las «personas, empresas y herederos del expolio sean resarcidos por el Estado español y por el PNV solidariamente», que «se lleve a cabo una auditoría completa de la expropiación, con inventario de bienes y derechos incautados», en «base al artículo 31 de la Ley de Memoria Democrática», y finalmente que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática «incluya los trabajos» que detallan estos sucesos «en su página web». Al no haber tenido respuesta, Rocafort insistió el pasado julio, pidiendo además «copia de todo el expediente de la tramitación de mi solicitud». El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática respondió el 25 de septiembre que no le constaba «la existencia de ninguna solicitud de acceso a la información pública de 15 de enero de 2023» y, «en consecuencia, tampoco existe ningún expediente de tramitación de una solicitud de acceso a la información pública de esa fecha».
La Secretaría de Memoria Democrática recordaba que la Ley de Memoria insta a promover «las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas. Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados». Asimismo, que la norma «prevé» la «designación» de una comisión técnica que «elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura».
En la respuesta consta que «ni la auditoria ni la creación de esa comisión técnica se han llevado a cabo por el momento», pese a que «desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, este centro directivo ha recibido múltiples peticiones». De momento «se ha venido procediendo al registro y acuse de recibo de dichas peticiones, sin que hasta la fecha se hayan producido ulteriores actuaciones ni se haya generado otra documentación, a la espera del inicio del proceso de auditoría que prevé la ley, así como a las posibles recomendaciones que pudiera realizar la mencionada comisión técnica».
Respecto a la petición de Rocafort y dado que «se requería una concreta auditoría que no se ha realizado, no existe ningún documento ni contenido susceptible de poder considerarse como “información pública”».
Finalmente, el director general de Memoria Democrática asegura que «se desconoce qué órgano pudiera tener la información» sobre el supuesto expolio vasco. «Cabe suponer que, debido a la antigüedad de la documentación estará en poder de archivos históricos». Las explicaciones no convencen al interesado, que denuncia la «inacción» del Gobierno.
El oro del PNV salió en tres barcos –«Joyce Llewelyn», «Thurston» y «Thorpehall»–. Al final de la contienda sería otro, el «Vita», el que pondría rumbo a México con valores y joyas incautados por la República y del que se hizo cargo Indalecio Prieto. Rocafort señalaba en este caso al PSOE en busca de reparación. La contestación del Ejecutivo fue similar: «No obra información al respecto».
